I. Como ocurre siempre que se
instaura un régimen despótico de emergencia y las garantías constitucionales
quedan suspendidas, el resultado es ―como ocurriera con los judíos bajo el
fascismo― la discriminación de una categoría de hombres, que se convierten
automáticamente en ciudadanos de segunda clase. Este es el objetivo de la
creación del llamado en Italia «green pass», «pase sanitario» en Francia o
«pasaporte sanitario» en España. Que se trata de una discriminación basada en
convicciones personales, y no en una certeza científica objetiva, lo demuestra
el hecho de que en los círculos científicos se sigue debatiendo sobre la
seguridad y la eficacia de las vacunas, que, según la opinión de médicos y
científicos a los que no hay razón para ignorar, fueron producidas de forma
precipitada y sin una fase de experimentación adecuada.
A pesar de ello, todos aquellos
que se aferren a su libre y fundada convicción y se nieguen a vacunarse serán
excluidos de la vida social. El hecho de que la vacuna se convierta de este
modo en una especie de símbolo político-religioso cuyo fin es discriminar a los
ciudadanos queda patente en la irresponsable declaración de un político que, refiriéndose
a quienes no se vacunan, dijo, sin ser consciente de estar utilizando una jerga
fascista: «los purgaremos con el pasaporte sanitario». El «pasaporte sanitario»
o green pass convierte a los que carezcan de él en portadores de virtuales
estrellas amarillas.
Se trata de un hecho cuya
gravedad política no se puede desdeñar. ¿En qué se convierte un país en cuyo
seno se acaba creando una clase discriminada? ¿Cómo se puede aceptar convivir
con ciudadanos de segunda clase? La necesidad de discriminar es tan antigua
como la propia sociedad, y no cabe duda de que ciertas formas de discriminación
ya estaban presentes incluso en nuestras sociedades llamadas democráticas; pero
que estas discriminaciones sean de facto sancionadas por la ley constituye una
barbarie que no podemos aceptar.
II. En los párrafos precedentes
hemos mostrado la injusta discriminación de una clase de ciudadanos excluidos
de la vida social normal, discriminación derivada de la introducción del
llamado green pass o pasaporte sanitario. Esta discriminación es una
consecuencia necesaria y calculada, pero no es el objetivo principal de la
introducción del pasaporte sanitario, que no está dirigido a los ciudadanos
excluidos, sino a toda la población que posea dicho pasaporte sanitario.
En realidad, el objetivo de los
gobiernos es instaurar, mediante el pase sanitario, un control minucioso e
incondicional sobre todo movimiento de los ciudadanos, de modo casi idéntico al
pasaporte interno que debía tener todo ciudadano para poder desplazarse de una
ciudad a otra en el régimen soviético. En este caso, sin embargo, el control es
aún más absoluto, porque afecta a cualquier movimiento del ciudadano, que
tendrá que mostrar su pasaporte sanitario en cada uno de sus pasos, incluso
para ir al cine, asistir a un concierto o sentarse a la mesa de un restaurante.
Paradójicamente, el ciudadano que
no posea el pasaporte sanitario será más libre que aquel que lo posea, y
debería ser la propia masa de ciudadanos con pasaporte sanitario la que habría
de protestar y rebelarse, ya que a partir de ahora serán censados, vigilados y
controlados hasta un grado que carece de precedentes incluso en los regímenes
más totalitarios. Resulta significativo que China haya anunciado que mantendrá
sus sistemas de rastreamiento y control incluso después de que la pandemia haya
terminado. Como ya debería ser evidente, en el green pass lo que está en juego
no es la salud, sino el control de la población, y tarde o temprano hasta los
ciudadanos con pasaporte sanitario tendrán la oportunidad de comprenderlo, mal
que les pese.
Visto en este enlace: http://www.politicayletras.es/
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